La cantidad que el Estado ha tenido que pagar a lo largo de 2013 en indemnizaciones por funcionamiento anormal de los tribunales se ha reducido en un millón de euros respecto al año anterior. La pena de prisión a una persona que más tarde resulta ser inocente, los retrasos indebidos de los procesos judiciales o el extravío de pruebas en juzgados o tribunales son algunos de los supuestos que pueden dar lugar a indemnizaciones por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Cuando los afectados por alguna de estas causas logran demostrar el daño causado por la actuación judicial, se puede exigir una responsabilidad patrimonial con cargo al Estado. El Ministerio de Justicia pagó en 2013 un total de 3.789.897 euros por funcionamiento anormal de la Administración, una cantidad que se ha reducido en un millón de euros respecto a 2012, que fue de 4.773.074 euros. Así lo recoge el informe La Justicia dato a dato del Consejo General del Poder Judicial, que también aporta otras cifras reveladoras, como que el mayor número de expedientes de responsabilidad patrimonial estimados tienen que ver con retrasos indebidos (72), es decir, por la lentitud de respuesta de la Justicia. […]