(Foto: periodistadigital.com) Se realiza una revisión completa del sistema penal para dar respuesta a las nuevas formas de delincuencia y a la multirreincidencia. La regulación de los delitos económicos se actualiza para evitar la impunidad de ciertas conductas. El comiso es ampliado para aumentar la posibilidad de recuperar activos ilícitos. El texto introduce la prisión permanente revisable en supuestos de excepcional gravedad. Profundiza en la posibilidad de imponer a delincuentes peligrosos medidas de seguridad junto a la pena. Se establece un único régimen de suspensión de penas que agilizará los procedimientos. En la delincuencia menor se amplía la discrecionalidad del juez ante el cumplimiento de pena de prisión. Las faltas quedan fuera del Código para cumplir con el principio de intervención mínima y descongestionar los juzgados. Se crean nuevos delitos de matrimonio forzado, acoso, divulgación de imágenes íntimas sin consentimiento de la víctima e inutilización del funcionamiento de dispositivos de control para mejorar la protección de la mujer. Será delito cualquier acto sexual con menores de 16 años, salvo que exista proximidad de edad o de madurez. Se castigará a los clientes españoles de prostitución infantil aunque cometan el delito en el extranjero. Se perseguirán las páginas web que facilitan el acceso ilícito a obras protegidas en busca de un beneficio directo o indirecto. Se agravarán las penas para los robos cometidos en el campo. […]

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita que sustituirá a la ley vigente de 1996 para adaptarla a la realidad actual, teniendo en cuenta la experiencia acumulada y las propuestas formuladas por las Administraciones públicas y los Colegios de Abogados y Procuradores. […]

Tal y como se preveía, antes de finalizar el presente mes de noviembre ha sido publicada la nueva Ley de Tasas Judiciales, cuya entrada en vigor será mañana día 22 de noviembre de 2.012.  […]

Ni el malestar de los jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores y oposición de los grupos parlamentarios ni las advertencias sobre la posible inconstitucionalidad de unas tasas «desorbitadas» para acceder a la justicia han logrado parar el proyecto de ley de tasas judiciales impulsado por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, que prevé el pago de entre 50 y 750 euros (más otra tasa variable en función de la cuantía del procedimiento) […]