Ni el malestar de los jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores y oposición de los grupos parlamentarios ni las advertencias sobre la posible inconstitucionalidad de unas tasas «desorbitadas» para acceder a la justicia han logrado parar el proyecto de ley de tasas judiciales impulsado por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, que prevé el pago de entre 50 y 750 euros (más otra tasa variable en función de la cuantía del procedimiento)

Los diferentes senadores en la oposición que han intervenido en el debate coinciden en criticar el afán recaudatorio del Ministerio de Justicia y sobre todo en que quede afectado el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva. Consideran que este proyecto la creación de una Justicia para pobres y otra para ricos.

Una vez aprobada, la norma se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor este mismo mes de noviembre. Se cumplen así las previsiones del Ministerio de Justicia de que la norma esté plenamente vigente el próximo año.

 Respecto al proyecto original, ya en el Congreso se acordó modificarlo levemente para eximir a los trabajadores del pago del 60 por ciento de la tasa prevista en los recursos de suplicación y casación en el orden Social. Además, se liberó del pago de la tasa a los procedimientos verbales o monitorios cuando la cuantía de la reclamación sea inferior a 2.000 euros.

Fuente: EuropaPress